Crea Abinader comisión para reducir burocracia y hacer eficiente el Estado

El Poder Ejecutivo dispuso hoy la creación de un plan general para la reforma y modernización de la administración pública, dirigido a reestructurar organismos y priorizar un marco legal «propicio para la construcción de un Estado moderno, efectivo y centrado» en el ciudadano.

A través de un decreto, el presidente Luis Abinader también establece que se ejecutarán las medidas necesarias para materializar el nuevo marco jurídico, la desconcentración y descentralización, el fortalecimiento municipal, las mejoras significativas de los servicios públicos y la transparencia y efectividad de la gestión.

El plan contempla la estructuración de la Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo director ejecutivo será José Ramón Oviedo, de acuerdo a otro decreto difundido hoy por Presidencia.

El decreto dice que se persigue garantizar el acceso a derechos, mejorar el gasto administrativo, la calidad de los servicios públicos y así impactar positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las funciones de la comisión está sugerir medidas para la racionalización de la macroestructura del Poder Ejecutivo y la reestructuración de consejos, comisiones, comités y órganos públicos.

También, sugerir la implemementación de reformas sectoriales que se consideren necesarias y prioritarias.

Asimismo, rediseñar los procesos administrativos que faciliten la racionalización de las estructuras organizativas de los órganos públicos.

Otro de los puntos contenidos en la disposición presidencial, ordena elaborar anteproyectos de leyes y propuestas de decreto que permitan alcanzar los objetivos de reforma a la administración pública y, además, que regulen el silencio administrativo, la simplificación burocrática, la inversión extranjera y la estabilidad jurídica.

Los organismos que conformarán la comisión son los ministerios de Administración Pública, que la presidirá, de la Presidencia, de Economía, de Hacienda, además del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

La comisión cesará sus funciones cuando, según el decreto, se logren los objetivos para los que fue creada o, en su defecto, a más tardar el 31 de julio de 2024.

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