Dominicano de Charlotte al filo de la deportación por tecnicismo legal

Kelvin Silva lleva más de una década con un caso abierto de inmigración y su deportación hacia la República Dominicana parece ser “inminente”, aseguran sus representantes legales.

El dominicano llegó a los Estados Unidos a la edad de once años y desde hace mucho tiempo vive en Charlotte. La deportación de Silva es injusta para su cuerpo de abogados debido a que el rechazo de otorgarle la ciudadanía por parte de una jueza federal se basó en una ley obsoleta y “discriminatoria” de hace 80 años.

“Estoy pidiendo una oportunidad para quedarme con mi familia”, fue el mensaje que envió a través de sus abogados el hombre de 44 años desde su encierro en el centro de detención Stewart en Georgia.

El Southern Poverty Law Center, organización que representa a Silva, envió un comunicado a los principales medios de prensa para solicitar el apoyo del público con llamadas a políticos y autoridades migratorias, con la finalidad de intentar detener la deportación de su cliente.

En el documento, Silva acepta su responsabilidad por decisiones que tomó en el pasó y que derivaron en su encarcelamiento por varios años. No obstante, el dominicano argumenta que ya pagó su condena y solo quiere “volver con su familia” en Carolina del Norte.

Si es deportado a República Dominicana, Silva no tendría un lugar para vivir. El hecho de no tener un techo sería un peligro especial debido a que padece de asma crónica y estaría en mayor riesgo de complicaciones en caso de contraer COVID-19.

Silva se mudó a los Estados Unidos cuando era un niño y su padre era ciudadano estadounidense. A los 17 años su padre murió y nunca se casó con su madre, detalle que desencadenó la decisión de una jueza de inmigración en negarle la ciudadanía que le permitiría quedarse en el país. Esta decisión se encuentra en el proceso de apelación, pero dicha audiencia no sucedería nunca si Silva es enviado a República Dominicana.

El Southern Poverty Law Center explica que en 1940, la Ley de Nacionalidad impedía que los ciudadanos pasaran la ciudadanía a sus hijos cuando ocurrían fuera de un matrimonio. Por décadas permaneció esta política que afectó desproporcionalmente a familias no blancas, pero después fue rectificada.

En el 2001, al momento de actualizar los estatutos de ciudadanía, en la nueva ley las autoridades omitieron la sección que menciona la rectificación y su lectura desencadenó en la decisión negativa en otorgarle la ciudadanía, comentaron los abogados de Silva.

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