La fuerza internacional reafirma su compromiso con la seguridad de Haití tras la emboscada contra integrantes del contingente salvadoreño y la desaparición de cuatro de sus miembros.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití.– La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) advirtió a las organizaciones criminales que operan en Haití que los recientes actos de violencia no impedirán la continuidad de sus operaciones, al tiempo que reafirmó su determinación de cumplir la misión de contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en el país caribeño.
La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensión tras la emboscada del 18 de octubre contra un vehículo en el que se desplazaban cuatro integrantes salvadoreños de la fuerza internacional, cuyo paradero se desconoce desde el ataque.
A través de un pronunciamiento oficial, la GSF sostuvo que mantendrá la presión sobre los grupos armados y continuará ejecutando las acciones contempladas en su mandato, pese a los riesgos que enfrentan sus integrantes en el terreno.
La organización aseguró que los ataques de las bandas no modificarán su compromiso de apoyar al pueblo haitiano en la recuperación de condiciones de seguridad que permitan restablecer la normalidad, proteger a la población y fortalecer la autoridad de las instituciones del Estado.
Operaciones continúan pese a los ataques
La desaparición de los cuatro integrantes salvadoreños ha elevado la preocupación sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión internacional, especialmente en las zonas periféricas de Puerto Príncipe, donde las organizaciones armadas mantienen una importante capacidad de acción.
El ataque ocurrió en el sector de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana. Tras el incidente, se activaron operaciones de búsqueda con participación de fuerzas de seguridad haitianas y personal de la GSF.
La fuerza internacional informó que sus unidades permanecen desplegadas en la zona y que las operaciones continúan en coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos.
Por su parte, El Salvador envió nuevos efectivos para apoyar los esfuerzos destinados a localizar a sus cuatro compatriotas desaparecidos. El caso también motivó una respuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien exigió a los grupos armados que los liberen sin causarles daño.
La situación mantiene bajo presión a la misión internacional, que debe continuar sus labores de seguridad mientras enfrenta ataques directos, dificultades operativas y la amenaza de nuevas acciones de las pandillas.
Una misión frente a una crisis de seguridad persistente
La GSF fue establecida para apoyar a las autoridades haitianas en la lucha contra las organizaciones criminales, reducir su capacidad de controlar territorios y contribuir a la recuperación de espacios estratégicos.
Sin embargo, la magnitud de la crisis representa un desafío considerable. Las bandas armadas continúan ejerciendo influencia sobre sectores de la capital y otras regiones, afectando la movilidad de los ciudadanos, el funcionamiento de los servicios y las actividades económicas.
La Organización de las Naciones Unidas ha advertido, además, que estos grupos modifican sus tácticas ante el aumento de las operaciones de seguridad, al tiempo que persisten los riesgos de represalias contra la población civil y de expansión de la violencia hacia zonas rurales.
En ese contexto, las autoridades de la misión han insistido en que recuperar un territorio constituye solamente una parte del proceso: el reto consiste también en consolidar los avances y evitar que las organizaciones criminales vuelvan a ocupar las zonas intervenidas.
Despliegue internacional todavía insuficiente
Otro de los desafíos de la GSF es completar el número de efectivos previsto para desarrollar plenamente sus operaciones. Según los datos presentados ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al 12 de octubre la fuerza contaba con 1,563 agentes uniformados, frente a los 5,550 autorizados.
Esta diferencia limita la capacidad de mantener una presencia sostenida en todos los territorios afectados por la violencia y aumenta la importancia de la coordinación entre los efectivos internacionales y las instituciones haitianas.
El Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la fuerza hasta el 31 de marzo de 2027, mientras continúa el llamado a la comunidad internacional para proporcionar personal, financiamiento, equipos y apoyo logístico que permitan fortalecer su despliegue.
La continuidad de la misión se considera un componente de los esfuerzos internacionales para ayudar a Haití a recuperar condiciones mínimas de seguridad, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de mantener operaciones sostenidas y de consolidar los resultados obtenidos.
La población civil, en el centro de la crisis
Mientras la GSF mantiene su postura de no interrumpir las operaciones, la población haitiana continúa enfrentando las consecuencias de la violencia armada, los desplazamientos forzados y las restricciones de acceso a servicios esenciales.
La crisis también representa un obstáculo para la recuperación económica, la estabilidad institucional y la organización de procesos electorales creíbles, debido a que la inseguridad dificulta la libre circulación y el funcionamiento de las instituciones en distintas zonas del país.
En estas circunstancias, la fuerza internacional enfrenta una doble responsabilidad: mantener la presión sobre los grupos criminales y contribuir a que las acciones de seguridad se desarrollen con protección para los civiles y respeto al marco legal aplicable.
El pronunciamiento de la GSF busca dejar claro que los ataques contra sus integrantes no pondrán fin a la misión. No obstante, el desenlace de la búsqueda de los cuatro salvadoreños y la capacidad de contener la expansión de las bandas serán indicadores importantes de los desafíos que enfrenta la operación internacional en Haití.
La crisis continúa sin una solución inmediata a la vista y pone de relieve que el restablecimiento de la seguridad requerirá no solo operaciones contra las organizaciones armadas, sino también instituciones nacionales capaces de recuperar el control territorial y sostener la protección de la ciudadanía.
